En medio de la batahola generada por el Congreso sobre la eliminación de la inmunidad para los Congresistas que ha devenido en inmunidad para todo títere con cabeza, incluido el Presidente de la República, convendría volver a debatir el llamado “juicio de residencia” para el Presidente. 

Como ya resulta obvio, lo aprobado por el Congreso no pasará ni una segunda votación y si así fuera, el Tribunal Constitucional se encargaría de traerse abajo el ya conocido “mamarracho” aprobado. No es lo mismo llevar a juicio a un congresista de 134 que llevar al Presidente todos los días al Poder Judicial o Fiscalía.

Sin embargo, queda en píe el tema que a partir de nuestra experiencia como país tiene ribetes dramáticos. ¿qué hacemos con los presidentes sobre los que recae sospechas de corrupción o que, en general cometan delitos?

Una fórmula es el juicio de residencia. Es decir terminado su mandato, el Presidente, de oficio, es investigado por las denuncias que aparecieran en su gestión, su patrimonio y todo lo que lleve a sospechas de haber incurrido en delito y no podrá moverse del país por un año.

La Fiscalía de la Nación, directamente se haría cargo de esta investigación, y si hubiera denuncia se haría ante la Corte Suprema. Una vez hecha la denuncia se extendería el plazo de inamovilidad del país y si el caso lo requiriese habría prisión preventiva.

Esto fórmula es muy antigua, en realidad data de 364 d. C. y su antecedente español se encuentra en los años 1500 cuando empezó a aplicarse a funcionarios públicos. No estaría nada mal aplicarlo en nuestro país hoy, habida cuenta de la cantidad de expresidentes y postulantes a presidente, que tenemos envueltos en casos de corrupción para indignación de los peruanos.